Se trata de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.



El juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, los citó en función de “cuantiosos elementos probatorios” que “permiten sospechar la comisión de delitos”, según puede leerse en la resolución judicial.



La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.



La denuncia fue radicada en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que se convirtió en parte querellante.



El fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH) solicitó en mayo de este año la “detención e indagatoria” de 26 militares.



El juez Calvete, quien actúa como juez subrogante de la causa, solo hizo lugar a 18 declaraciones, y en lugar de las detenciones dispuso que se notifique personalmente a cada uno de los imputados en sus respectivos domicilios, antes de establecer la fecha en que deberán presentarse en Tierra del Fuego.



El caso todavía tiene pendiente una discusión judicial paralela, acerca de si se trata de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no sujetos a prescripción.

El juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia consideraron que son crímenes de lesa humanidad, pero aún resta por resolver un recurso de queja presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal.



Según la acusación del fiscal Rapoport, solo en la Isla Gran Malvina se produjeron 22 vejámenes contra soldados, “específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5 -dependiente de la III Brigada de Infantería-, al que estaban subordinadas cinco compañías militares”.



De acuerdo a la Fiscalía, las autoridades militares con asiento en las islas “habrían ordenado y ejecutado contra soldados conscriptos diversos actos de tortura -entre ellos, los conocidos ‘estaqueamientos’ y ‘enterramientos’- como forma de controlar las alegadas indisciplinas que generaban las penurias que padecía la tropa a causa, fundamentalmente, de la falta de abrigo y comida”.



Desde el CECIM sostienen que en la causa hay 105 hechos de torturas denunciados y 95 militares mencionados.