La legisladora del FDT-PJ, Myriam Martínez autora de la iniciativa, señaló qué se busca con el asunto, “modificar la Ley provincial que se votó en noviembre de 2018”. Agregó que en el tratamiento actual se suman tres artículos a la normativa sancionada “que fue vetada a los dos meses”.

Martínez, de manera remota, dijo que se insiste sobre lo vetado y pidió avanzar en la herramienta “que quedó a destiempo de la demanda y necesidades reales” sobre el consumo de este medicamento. También, recordó la instancia de investigación medicinal sobre el cannabis sativa.

“Solamente pueden acceder aquellas personas que padezcan la enfermedad de epilepsia refractaria pero aquellos que tienen otras patologías”, aunque sus médicos indiquen los beneficios de la planta, no pueden contar con el mismo. “Es un tema tabú” calificó Martínez, y agregó que, si bien es cierto que el medicamento no cura, “actúa como un paliativo del dolor”.

En este sentido, consideró que las propiedades de la planta, ayudan a muchas personas que tienen diversas patologías y de aquellas que transitan enfermedades crónicas. “Lo que hoy tenemos, es solamente para epilepsia refractaria” y recordó que el Parlamento trabajó en base a las leyes que sancionaron las provincias de Salta y Mendoza.

Para abordar el asunto participaron integrantes de la Asociación Raíces de Fuego, su presidente Lionel Averna y la secretaria de la ONG, María José Pazos; la médica psiquiatra Laura Goldberg y, por parte del Ministerio de Salud de la Provincia, lo hicieron el secretario de Gestión de Redes Asistenciales, Dr. José Torino y la subsecretaria de Gestión Asistencial, zona sur, Dra. María Rosa Chibrando.

María José Pazos, secretaria de la ONG, refirió a la modificación de la Ley provincial: “A nosotros nos llegan personas que están buscando el tratamiento cannábico y están en situación desesperante”. De esta forma, detalló el caso de una terapista que asiste a un niño con autismo y que precisa de la terapia cannábica. “Me sorprendió que el niño tiene una médica psiquiatra que lo asiste y no los estaría acompañando en caso de utilizar la terapia”.

En otro orden, también recordó que el Concejo Deliberante de la capital emitió una resolución que destaca el trabajo de la Asociación Raíces de Fuego, dijo que se trata de “un mimo” pero entendió que es el Estado quien debe ocuparse de la cuestión. “Lo hacemos voluntariamente y porque estamos realmente convencidos que es este el camino. Consideramos que necesitamos una protección por parte del Estado, ponemos mucho en juego, no solo por estar cultivando para producir el aceite”, señaló.

Por su parte, el titular de la ONG, Lionel Averna explicó que “desde 2017 venimos trabajando en la Asociación” y coincidió con su par en que es el Estado quien debe ocuparse de las familias y sus necesidades. “Necesitamos culturizar a la población con respecto del uso de la planta” y desmitificar el mal uso respecto del cannabis sativa. Recordó que Argentina tiene 20 años de atraso en cuanto a la información del uso terapéutico.

Averna señaló que, junto con el asesor de la legisladora Martínez, “hemos podido agregar las patologías que en un principio no se consideraban. Nosotros, en su momento, pudimos incluir las patologías que se tratan a nivel mundial” y recordó que el Estado nacional lo está por sumar a la normativa nacional. “Es necesario sacar de la clandestinidad a muchas familias que hoy se arriesgan a cultivar en sus casas” con fines terapéuticos y sostuvo que se trata de “cientos de familias”.

Finalmente, el presidente de la Comisión, legislador Daniel Rivarola agradeció a los invitados y entendió, que luego de la presentación, quedó clara la necesidad de contar con la herramienta.  “El tema en la Comisión estaría agotado y estamos de acuerdo en girarlo a la Comisión de Legislación General” N° 1. Asimismo, manifestó que mantuvo charlas con miembros del Ejecutivo para la futuro producción en el Laboratorio del Fin del Mundo.

La votación se realizó en forma presencial y remota y alcanzó el dictamen favorable. De acuerdo a la carátula, fue girado a la Comisión que preside el parlamentario Federico Greve, para continuar su trámite legislativo.