“Desde el Municipio celebramos esta decisión estratégica para la defensa de los recursos naturales de todos los argentinos y argentinas”, dijo el intendente Martín Perez, que destacó que es otro paso en la reconstrucción de una política de Estado para el Atlántico Sur.

“Durante 4 años defendimos nuestra soberanía resistiendo la política de desmalvinización que promovió el gobierno de Mauricio Macri. Esta ley muestra la decisión del Gobierno Nacional de defender la riqueza de nuestro mar y los recursos de todos los argentinos”, agregó el intendente.

En la nueva normativa aprobada por la Cámara Alta del Congreso de la Nación, las multas serán establecidas en unidades de valor denominadas Unidades de Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil y la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las unidades de pesca.

Por lo tanto, cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP.

Además, se prevé a la autoridad poder retener a los buques en falta y a su vez corren los gastos por cuenta de los infractores, sin prejuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que correspondan.