En su exposición, Díaz mencionó que “nuestro planteo no es más que la continuación de los procesos judiciales que han realizado los últimos 2 intendentes de Río Grande”. Es importante recordar que los planteos judiciales iniciaron en 2009, prosiguieron en el mismo expediente en 2010 y en 2013; y del mismo modo que el expediente N°3909/2019 fue iniciado por el entonces intendente Melella, hoy gobernador.

El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande afirmó ante los jueces del Superior Tribunal de Justicia que los inconvenientes generados por el retraso en el envío de fondos coparticipables “afectan a la administración municipal independientemente de quien la lleve adelante”, y demuestra asimismo que “no se trata de nombres o partidos políticos. Lo que es deuda es deuda, y carece de nombres propios”.

En relación a los montos adeudados con el Municipio de Río Grande, clarificó que los mismos suman un total de 680 millones de pesos. $500 millones de pesos corresponden a la de deuda de coparticipación, 120 millones de deuda tributaria, sumado a los $60 millones que días atrás la ministra de Obras Publicas reconoció por la planta potabilizadora. Esto representa un verdadero “ahogo financiero hacia todos los vecinos”, expresó.

Díaz señalo que “existen demoras tanto respecto de la coparticipación de fondos que diariamente ingresan a las arcas provinciales provenientes del gobierno nacional, como de fondos provenientes de impuestos provinciales. Lo mismo sucede con los fondos que ingresan por las regalías hidrocarburíferas”.

Asimismo, aseguró que “desde el Gobierno Provincial intentan confundir con declaraciones oficiales que aseguran que no existe la deuda”, y agregó “Tales afirmaciones se refieren estrictamente a los saldos definitivos que representan apenas menos del 2% de los fondos de coparticipación mensual que deben transferir a los municipios”.

En este sentido, el funcionario municipal expresó que, dado que es indiscutible que los fondos han ingresado a las arcas provinciales y que los mismos no pueden ni deben ser utilizados para otro fin que no sea el constitucionalmente previsto, “consideramos que nos encontramos ante una simple operación contable, es decir, una obligación de hacer.”

“El gobierno provincial, percibió, retuvo y dispuso de los fondos coparticipables, privándole al Municipio la posibilidad de disponer de los mismos incumpliendo la propia la resolución 665/09”, manifestó Díaz, quien agregó que “nos encontramos con que los municipios están a merced de la voluntad del Gobierno de la Provincia y nosotros, funcionarios que hemos jurado defender la carta orgánica municipal y por ende los recursos municipales, debemos velar por mantener incólume nuestra autonomía”.

Además, expresó que “con estupor observamos que no existe ningún empacho por parte de las autoridades del Gobierno de la Provincia en violentar e inmiscuirse en las autonomías municipales”, e indicó que “el Municipio de Río Grande pretende que la provincia se concentre en cumplir los plazos de transferencia de los fondos de los vecinos, porque del normal desenvolvimiento del Municipio se ocupa nuestro intendente de la ciudad, legítimamente electo por los vecinos de Río Grande para cumplir con ese rol.”

Por ultimo, Díaz recalcó que “solicitamos al máximo órgano judicial velar que aquellos fondos se coparticipen”, es decir, “se transfieran a las arcas municipales en el tiempo que la reglamentación ya lo tiene previsto”.