Conflicto sindical – Acampe frente a Casa de Gobierno
Se inició sumario administrativo
Lo dispuso la Gobernadora mediante decreto 1483. La actuación tiene por finalidad esclarecer determinar las responsabilidades y proponer las sanciones que correspondiere aplicar a los empleados públicos que impidieron el ingreso a la sede gubernamental entre el 8 de marzo y el 9 de mayo.
Con el objeto de precisar todas las circunstancias y reunir todos los elementos de prueba tendientes a esclarecer irregularidades y proponer sanciones, si correspondiere, con relación a los hechos ocurridos en las inmediaciones de la Casa de Gobierno, que impidieron el ingreso del personal a cumplir con sus funciones laborales, en el edificio de San Martín N° 450, a partir del día 8 de marzo de 2016 hasta el día 9 de mayo de 2016”, la Gobernadora ordenó el pasado miércoles 3 iniciar un sumario administrativo.
La responsabilidad de llevar adelante esa actuación en sede administrativa recayó en la agente María Luisina SEGOVIA, Categoría EPU «E», la que de manera previa a la aceptación del cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica.
Tal lo determina el artículo 92 del decreto nacional 1798/80 (Régimen jurídico básico de la función pública - Reglamento de investigaciones), que lleva la firma de del dictador Jorge Videla y de sus ministros Albano E. Harguindeguy, Carlos Pastor, Alberto Rodríguez Várela, José Martínez de Hoz, David de la Rival, Jorge Fraga, Llamil Reston y Juan R. Llerena Amadeo, “la instrucción de un sumario se sustanciará en un plazo de 90 días, contados desde la fecha de notificación de la designación al Instructor y hasta la resolución” de clausura de las actuaciones. Ese plazo “podrá ser ampliado a juicio del superior cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen”.
Mediante el decreto 1483, la mandataria dispuso que las actuaciones tramitarán “con carácter reservado, en los términos del artículo 28 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, y amparado por las limitaciones establecidas en el artículo 3°, incisos a), b) y c) de la ley Provincial N° 653 (de derecho a la información)” a la vez que dio por concluida la información sumaría que fuera dispuesta por decreto 633, del 28 de abril.
Según se desprende del decreto dictado a fines del mes de abril pasado, “los impedimentos de ingreso a la Casa de Gobierno” fueron constatados por la Escribana General de Gobierno el 15 y el 21 de marzo, a lo que se sumaron los informes elaborados por la Policía que “proporcionaron las circunstancias de tiempo, modo, lugar y presuntos participantes en los mismos”.
Por aquél entonces, desde el Ejecutivo fueguino estos hechos fueron denunciados en sede judicial por el Secretario General de Gobierno, Javier Eposto.
Fuente: Diario Fin del Mundo
La responsabilidad de llevar adelante esa actuación en sede administrativa recayó en la agente María Luisina SEGOVIA, Categoría EPU «E», la que de manera previa a la aceptación del cargo deberá requerir instrucciones a la Dirección General de Sumarios e Informaciones Sumarias de la Secretaría Legal y Técnica.
Tal lo determina el artículo 92 del decreto nacional 1798/80 (Régimen jurídico básico de la función pública - Reglamento de investigaciones), que lleva la firma de del dictador Jorge Videla y de sus ministros Albano E. Harguindeguy, Carlos Pastor, Alberto Rodríguez Várela, José Martínez de Hoz, David de la Rival, Jorge Fraga, Llamil Reston y Juan R. Llerena Amadeo, “la instrucción de un sumario se sustanciará en un plazo de 90 días, contados desde la fecha de notificación de la designación al Instructor y hasta la resolución” de clausura de las actuaciones. Ese plazo “podrá ser ampliado a juicio del superior cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen”.
Mediante el decreto 1483, la mandataria dispuso que las actuaciones tramitarán “con carácter reservado, en los términos del artículo 28 del Reglamento de Investigaciones Administrativas, y amparado por las limitaciones establecidas en el artículo 3°, incisos a), b) y c) de la ley Provincial N° 653 (de derecho a la información)” a la vez que dio por concluida la información sumaría que fuera dispuesta por decreto 633, del 28 de abril.
Según se desprende del decreto dictado a fines del mes de abril pasado, “los impedimentos de ingreso a la Casa de Gobierno” fueron constatados por la Escribana General de Gobierno el 15 y el 21 de marzo, a lo que se sumaron los informes elaborados por la Policía que “proporcionaron las circunstancias de tiempo, modo, lugar y presuntos participantes en los mismos”.
Por aquél entonces, desde el Ejecutivo fueguino estos hechos fueron denunciados en sede judicial por el Secretario General de Gobierno, Javier Eposto.
Fuente: Diario Fin del Mundo
